Ánanda Márga Pracáraka Saḿgha («grupo para la propagación del sendero de la bienventuranza»), organización espiritual fundada en 1955 por Srii Srii Anandamurtii (conocido por su nombre real como Prabhat Ranjan Sarkar, 1921-1990), se encuentra envuelta en una batalla judicial por el control de su imperio financiero australiano de unos 20 millones de dólares.
De hecho, no es la primera vez que este grupo, con presencia en nuestro país, se encuentra en una situación problemática. Ananda Marga ha estado envuelta en diferentes escándalos y problemas legales, como la detención y encarcelamiento del gurú Sarkar en 1971, el escándalo sexual en 1971 que dio lugar a la salida de la esposa de Sarkar de la organización y el asesinato a plena luz del día de diecisiete margis en 1982.
Durante la década de 1960, la organización se expandió rápidamente en la India y envío acaryas (monjes) como misioneros a otros continentes, aunque ya en la India tuvieron sus problemas, como cuando una sede del grupo fue atacada por miembros del Partido Comunista o se destaparon problemas de corrupción de ciertos cargos políticos vinculados al grupo y que llevaron a una confrontación con el Primer Ministro Indira Gandhi.
Tiempo más tarde, el 29 de diciembre de 1971, Sarkar fue detenido junto con varios acaryas por instigar el asesinato de seis ex adeptos de Ananda Marga. A raíz del encarcelamiento de su gurú, el grupo se vio involucrado en diversos actos de terrorismo para liberar a su gurú. En enero de 1975, atentaron de muerte contra el Ministro de Ferrocarriles y en marzo de 1975 trataron de asesinar al Presidente del Tribunal Supremo de la India. En 26 de junio 1975, el Primer Ministro Indira Gandhi declaró un estado de emergencia y prohibió la actividad de Ananda Marga. Muchos margis se inmolaron para llamar la atención sobre el caso de su gurú. El 13 de febrero 1978, diversos miembros de Ananda Marga fueron acusados de haber participado en el atentado contra el Hotel Hilton de Sydney, durante la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Australia, con una bomba que mató a tres personas e hirió a otras once.
En 1978, el Tribunal Superior de Patna Sarkar, absolvió a los acusados de Ananda Marga de todos los cargos, tras lo cual cesaron las actividades terroristas. El margi Paul Alister y otros dos hombres -que en su día intervinieron en un intento de asesinato de un líder neo nazi de Sydney- quedaron vinculados en 1982 con el atentado a raíz de una investigación policial . Años más tarde, Evan Pederick admitiría haber puesto la bomba. Pese a ello, en 1985 recibieron la suma de 100.000 dólares en concepto de indemnización. Poco después, desaparecieron de la vida pública para promover sus objetivos de «desarrollo personal, el servicio social y la transformación espiritual de la sociedad».
PR Sarkar murió el 21 de octubre de 1990, siendo sustituido por Acarya Shraddhananda Avadhuta, quien murió el pasado 15 de octubre de 2008. En 1996, el Tribunal Supremo de la India levantó la prohibición de los empleados del gobierno de ser miembros de Ananda Marga.
El problema pasó al ámbito jurídico el pasado año 2010, cuando algunos margis intentaron tomar el control de una importante empresa vinculada al grupo, queriendo sacar fuera a Prabanjamurthi Pillai, como presidente de esta empresa, y a Devendhran Vadiveloo Pillay, en tanto director de la misma, para colocar a sus personas de confianza en posiciones de poder dentro de la junta general. El presidente y el vicepresidente de la mencionada empresa, interpusieron demanda judicial a producirse tales hechos en la junta de dirección.
Entre las personas que se encontraban en ese grupo que intentó tomar control de esa empresa se encontraba Paul Alister, que en la actualidad trabaja como profesor en una escuela vinculada a Ananda Marga e impulsada por él mismo con el dinero de la indemnización que en su día recibiera.
Después de un proceso de tres años, el juez Julie Dodds-Streeton, en una sentencia del pasado mes de abril, halló las alegaciones de los demandados infundadas. Los acusados habían alegado, entre otras cosas y en una querella paralela, que los altos cargos de la empresa habían desobedecido órdenes de la central que indicaban la conveniencia de reubicar la empresa en Nairobi y que fruto de ello se vieron en la necesidad de intervenir en el consejo directivo al considerar que quien no obedecía las órdenes de la sede central ya no podía ser considerado miembro de la empresa. Además, los acusados denunciaban infracciones económicas que no pudieron ser probadas, como se derivó del análisis financiero de la economía de la empresa encargado por el propio juez que instruyó el caso.
El juez ha concluido que el pliego de alegaciones de los acusados no ha sido probado y ha condenado a los acusados al pago de las costas judiciales derivadas de todo el proceso.