Después de cuatro días de debates y haber escuchado el testimonio de una quincena de personas, el juicio contra la Familia Misionera de Notre-Dame (FMND) -y su fundador, el Padre Bernard Domini (Gérard Pinède)- finalizó el pasado jueves 22 de enero. Se trata de un proceso bastante particular en el ámbito de una congregación religiosa en Francia. La Familia Misionera de Nuestra Señora es una comunidad religiosa católica fundada en 1946 en Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche) y reconocida en 2005 como Instituto de Vida Consagrada. Cuenta con unos 150-200 miembros y tiene presencia en una quincena de ciudades francesas. La congregación y su superior son acusados de abusar de la debilidad al reclutar miembros muy jóvenes y frágiles. La abogada de las denunciantes indica que «a los 17 o 18 años eres muy influenciable, por eso organizan colonias o campamentos de verano, identifican candidatos y esperan a la mayoría de edad para integrarlos. Entonces los padres ya no pueden hacer nada».

La historia de problemas con este Instituto ya se remonta a los noventa, por distintos motivos. Tras las elecciones municipales de 1995, los concejales de Saint-Pierre-de-Colombier ya buscaban limitar la implantación de la FMND en el pueblo y rechazaron un proyecto de aparcamiento y un permiso de construcción para un nuevo edificio.

Ya será en 2007 cuando la asociación AVREF -dedicada a ayudar a víctimas de derivas de movimientos religiosos-, se comunique con el entonces obispo de Viviers, François Blondel, alertándole sobre «graves disfunciones observadas en el seno de la FMND, señaladas por personas diferentes que vivían en regiones distintas y que no se conocían entre sí», denunciando la captación  de jóvenes sin discernimiento suficiente. De hecho, tales disfunciones venían registrándolas ya desde inicios de los 2000, cuando empezaron a recibir los primeros testimonios (de fuentes laicas y sacerdotes) de diferentes partes de Francia que no se conocían entre sí, describiendo los mismos comportamientos problemáticos.

En cuanto a la historia judicial, esta se remonta ya a cuando el padre Bernard Domini fue citado inicialmente por el tribunal correccional de Privas el pasado 21 de marzo de 2024, pero no compareció porque el asunto fue aplazado al 4 de julio a petición de sus abogados. No fue hasta el 4 y 5 de julio de 2024 que se pudo realizar la primera audiencia, con el examen de una serie de nulidades procesales y una cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada por la defensa, que argüía que el artículo que castiga el abuso de debilidad contradice la libertad religiosa. El 1 de agosto de 2024, el tribunal de Privas rechazó las excepciones de nulidad, pero aceptó la solicitud de un suplemento de información solicitado por la defensa, considerando que el expediente necesitaba ser completado para ser más «objetivo»; la FMND, por su parte, apeló los rechazos de nulidad. El juicio sobre el fondo de la cuestión, previsto del 24 al 26 de septiembre de 2025, fue retrasado a enero de 2026 porque se añadieron nuevas piezas al expediente en vísperas de la audiencia.

Según la fiscalía, la FMND habría incurrido en persuasión y manipulación, despersonalización, encierro psíquico, aislamiento familiar, privación de sueño e intimidad, funcionamiento autoritario con un sistema de vigilancia y delación entre miembros, todo ello combinado con una devoción exacerbada hacia los fundadores. Asimismo, señalan que «existen amenazas de condena eterna si las personas hablan de lo que han vivido en la comunidad», lo que explica que muchas víctimas potenciales no hayan denunciado.

La defensa denunció, por su parte, un «expediente lleno de incoherencias » y exigió la absolución, argumentando que «la acusación debe aportar la prueba de la culpabilidad» y que «solo hay 5 demandantes sobre 200 miembros». El abogado de la defensa también argumentó que se le estaba pidiendo a un tribunal civil que juzgara la vida religiosa e interpretara la libertad de religión. Además, en su defensa, argumentó que consideraba que los expertos de la acusación calificaban de «técnicas de condicionamiento» cosas como el recordatorio de la importancia del voto de obediencia, las genuflexiones, el hábito religioso, el silencio monástico o la oración oficial de la Iglesia, elementos que según la congregación son constitutivos de la vida religiosa desde hace más de 1.500 años.

Paralelamente al proceso judicial, la FMND estuvo en el centro de otra polémica hace un par de años: un proyecto de santuario para 3.500 personas con dos campanarios de casi 50 metros, que generó una fuerte oposición de ecologistas, residentes, políticos y hasta del obispo de Viviers. Este hecho se hizo viral en redes sociales por la imagen de una monja persiguiendo y tumbando al suelo a un activista ecologista.

La investigación del proceso judicial que ahora finaliza, fue iniciada tras la inclusión de una referencia a este instituto por parte de la Miviludes el pasado 2021 (organismo francés contra las derivas sectarias), lo que dio lugar a la investigación por parte de especialistas de la OCRVP (Oficina Central de Represión de Violencias a las Personas). Tras el trabajo llevado a cabo por especialistas de la Oficina Central de Represión de Violencias a las Personas (OCRVP) , cinco personas —cuatro mujeres y un hombre— presentaron denuncia por diversas situaciones que se produjeron de finales de 2015 a finales de 2020. En ese momento, la congregación argumentó que se trataban de denuncias anónimas y falsas, remarcando que sus miembros eran «personas libres, felices y serenas».

La congregación rechazó todas las acusaciones y publicó una petición de apoyo firmada por 143 padres de miembros, afirmando que sus hijos entraron «libremente» y son «felices». La FMND también ha organizado un espacio web en donde los familiares de otros miembros dan soporte al Padre Bernanrd y a la FMND. De hecho, publicaron en su propia página web cinco documentos  para desmentir informaciones que habían aparecido en diferentes medios franceses, particularmente en Sud Ouest. Denunciaban una falta de imparcialidad periodística y una interpretación errónea de la doctrina católica fundamental.

El proceso se abrió el lunes 19 de enero con una petición de aplazamiento por parte de la defensa, alegando falta de tiempo para estudiar las 9.000 piezas incautadas en el obispado de Viviers en diciembre. La petición fue rechazada por el tribunal, siguiendo la voluntad de la fiscal, en nombre del «derecho a un juicio en plazo razonable» y teniendo en cuenta las dificultades de salud del acusado (que ya tiene 74 años) y las dificultades de las víctimas para testificar.

Durante día y medio, el padre Bernard respondió a las preguntas del presidente del tribunal, de las abogadas de las partes civiles, de la fiscal y de la defensa. Sobre las condiciones materiales, aseguró que «cada miembro de la comunidad tiene una vida muy equilibrada». Sobre la higiene personal con lavabos en lugar de duchas: «nunca he prohibido a nadie ducharse». Sobre la sobreactividad y la falta de intimidad: «una elección de vida» al entrar en la comunidad. Sobre el aislamiento familiar, lo negó, citando una carta de apoyo firmada por 143 padres de miembros.

Sin embargo, los documentos presentados durante la audiencia podrían ir en contra de las declaraciones de Gérard Pinède: cartas personales anotadas, que sugieren una lectura por parte de los Superiores; documentos transmitidos a los miembros para preparar la visita apostólica, cuestionando su libertad de expresión; “revistas de prensa” con poca información. O los extractos del informe de la visita apostólica de 2019, revelados por primera vez, y evocando una situación a la vez “alucinante y triste” con una “congregación con dos caras, una exaltante, generosa, espiritualmente sana y otra, más oculta, una comunidad que sabe que es elegida y cuyos miembros serán salvados”.

El juicio ha hecho saltar a la luz este informe de la visita apostólica de 2019 a la FMND, que fue conducida por Daniel Federspiel, provincial de los Salesianos. El contexto previo era claro: desde su nombramiento en la diócesis de Viviers en 2015, el obispo Jean-Louis Balsa había recibido varios avisos de miembros de la congregación que le relataban «graves problemas de libertad, de conciencia y de acción». Se encontró en particular con dos religiosos «desesperados» y «aterrorizados» que le pedían ayuda para salir del instituto. El informe señaló especialmente el «culto a los fundadores», la «falta de espacio personal reservado para los religiosos», la «ruptura con la diócesis» y la «omnipotencia del gobernante»; constató también que el acceso al teléfono e Internet estaba restringido, limitado a 15 sitios web y a la revista de prensa elaborada por el propio superior, Gérard Pinède. Además, en este reciente juicio ha quedado demostrado que, en el mencionado informe de la visita apostólica, la FMND había difundido públicamente que la visita había concluido de forma positiva para ella, y Roma tuvo que desmentirlo al ser por completo falsa tal afirmación.

La fecha prevista para el veredicto es el 24 de marzo de 2026. La fiscal Céline Nainani solicitó dos años de prisión con suspensión de condena y cinco años de prohibición de ejercer el sacerdocio para el padre Bernard. Y aunque no pidió la disolución de la congregación —al considerar que no es la justicia quien debe decidir, sino la Iglesia—, sí solicitó el cierre temporal de un año del establecimiento de Ardèche, «para que la comunidad reflexione y se cuestione a sí misma».